Un grupo de expresidentes de varios países de Iberoamérica manifestaron su inquietud por recientes pronunciamientos del Presidente de Colombia, Gustavo Petro. Los firmantes expresaron que estas declaraciones, a su juicio, parecen ignorar los límites constitucionales y los principios democráticos inherentes al ejercicio del poder.

La declaración surge a raíz de la intención del Presidente Petro de convocar una consulta popular sobre la reforma laboral, a pesar de la objeción del Senado. La preocupación se intensificó tras afirmaciones del mandatario como "cuando las instituciones van en contra del pueblo... las instituciones se van", las cuales han sido interpretadas por los exmandatarios como una amenaza directa al orden democrático y a la separación de poderes.

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Según la misiva dada a conocer este viernes, la utilización de mecanismos de participación ciudadana, como la consulta popular, sin ajustarse a los procedimientos establecidos por la Constitución, podría comprometer el equilibrio institucional.

De igual manera, resaltaron que, de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, un sistema democrático no se limita únicamente a la voluntad mayoritaria expresada en las urnas. Por el contrario, argumentan que debe fundamentarse en límites jurídicos, controles institucionales y el respeto irrestricto al Estado de Derecho.

El documento señala que la afirmación del Presidente colombiano es de "suma gravedad", ya que "irrespeta y banaliza el deber compartido por todos los colombianos de 'cumplir la Constitución y las leyes', tanto como de 'apoyar a las autoridades legítimamente constituidas'".

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El Grupo IDEA (Iniciativa Democrática de España y las Américas), promotor del pronunciamiento, considera que las declaraciones de Petro representa una seria transgresión de su compromiso constitucional ya que implica un desconocimiento de la autoridad del Senado, un órgano legítimamente constituido que representa a la ciudadanía y posee la facultad de aprobar o denegar la convocatoria a consultas populares.

Entre los firmantes del documento se encuentran expresidentes de países como España, México, Chile, Argentina, Panamá, Costa Rica, Ecuador y Colombia, incluyendo a Álvaro Uribe Vélez, Andrés Pastrana e Iván Duque.